El juez Pablo Llarena Conde firmó, en algún momento de la tarde del 6 de octubre de 2026, una resolución que muchos catalanes llevaban años esperando. Las órdenes de detención contra Carles Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig quedaron suspendidas de inmediato. Esto supuso el fin, al menos temporal, de una batalla judicial de casi nueve años que había convertido a Llarena en una de las figuras más conocidas y polémicas del sistema judicial español.
Llarena nació en Burgos en enero de 1963. Tras licenciarse en Derecho por la Universidad de Valladolid, pasó a ser magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo en enero de 2016. Poco después, se convirtió en el juez encargado de investigar a los líderes de ese movimiento y asumió la dirección de la investigación sobre el llamado procés, el proceso en torno al referéndum de independencia de Cataluña del 1 de octubre de 2017. Su nombre quedó entonces prácticamente indisolublemente ligado a ese procedimiento, a las órdenes de detención europeas y a una interminable sucesión de recursos, apelaciones y resoluciones que sacudieron los tribunales europeos.
| Dato | Información |
|---|---|
| Nombre completo | Pablo Llarena Conde |
| Fecha de nacimiento | 26 de enero de 1963 |
| Lugar de nacimiento | Burgos, España |
| Formación | Licenciado en Derecho, Universidad de Valladolid |
| Cargo actual | Magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de España |
| Incorporación al Tribunal Supremo | Enero de 2016 |
| Cónyuge | Gema Espinosa |
| Rol principal en el procés | Juez instructor del caso contra los líderes del referéndum del 1-O (2017) |
| Acusados investigados | Carles Puigdemont, Toni Comín, Lluís Puig, entre otros |
| Delitos investigados | Malversación de fondos públicos, desobediencia |
| Orden de arresto original | Emitida en noviembre de 2017 |
| Confirmación de la orden | Julio de 2024 |
| Levantamiento de las órdenes | 6 de octubre de 2026 |
| Motivo del levantamiento | Resolución del Tribunal Constitucional ordenando aplicar la ley de amnistía |
| Ponente del TC | Cándido Conde-Pumpido (presidente del Tribunal Constitucional) |
| Crítica del TC | Reprochó a Manuel Marchena una interpretación “internamente contradictoria” de la amnistía |
| Países que rechazaron euroórdenes | Bélgica, Alemania, Escocia, Cerdeña |
| Lugar de exilio de Puigdemont | Waterloo, Bélgica (desde 2017 hasta su posible regreso) |
| Duración total del caso | Casi nueve años (2017–2026) |
| Ley aplicada | Ley de amnistía aprobada por el Parlamento español |
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Se produjeron diez años de conflicto judicial, difíciles de resumir sin extenderse en exceso. Llarena dictó órdenes de detención europeas que fueron devueltas con condiciones que el juez se negó a aceptar o rechazadas por Bélgica, Alemania, Escocia y Cerdeña, entre otras jurisdicciones. El propio Llarena presentó múltiples peticiones de decisión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que respondió, pero el caso no hizo más que complicarse. Resulta algo irónico que, en última instancia, el mismo juez de instrucción tuviera que archivar el caso —no de forma voluntaria, sino solo después de que el Tribunal Constitucional le ordenara aplicar la ley de amnistía con carácter «preferente y urgente»—. La aplicación de la amnistía al delito de malversación —atribuido a los líderes de los acontecimientos del 1 de octubre (1-O)— era «la única conclusión compatible» con las reglas de la lógica y el sentido común, según un auto redactado por el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido. El magistrado Manuel Marchena fue reprendido explícitamente en la resolución por optar por una interpretación «internamente contradictoria» y «manifiestamente contraria» al espíritu de la ley. Se trató de una reprimenda bastante dura desde el punto de vista judicial.
El juez Llarena explicó en su auto de levantamiento de las órdenes de detención que, aunque aún no había recibido la resolución definitiva del Tribunal Constitucional, consideraba «proporcionado» actuar de inmediato. Además, subrayó que la amnistía no se aplicaba automáticamente al levantarse las órdenes de detención. Por el momento, esta distinción técnica tiene un claro efecto práctico: Puigdemont puede regresar a Cataluña sin correr el riesgo de ser detenido. Sin embargo, puede resultar significativa para lo que venga después. Durante una rueda de prensa desde Waterloo, donde reside desde 2017, él mismo hizo este anuncio. Declaró que volverían para servir a su país, no a su partido.
Desde cierto punto de vista, uno no puede evitar preguntarse qué queda de este prolongado proceso judicial. Llarena supervisó un caso que influyó en la política española durante casi diez años, acaparó la atención internacional, dio lugar a remisiones al máximo tribunal de Europa y concluyó con una resolución del Tribunal Constitucional que, en la práctica, obligó al Tribunal Supremo a cambiar de rumbo. Para todos, esto no es ni una victoria definitiva ni una derrota definitiva. Cuando se intenta resolver una disputa política únicamente a través del sistema judicial, suele dar lugar a mucho ruido, mucho tiempo y, en última instancia, a una respuesta institucional que nadie está especialmente dispuesto a celebrar.
La resolución final del caso, el regreso de Puigdemont y el prolongado proceso de normalización de una situación que ha tardado casi nueve años en llegar hasta este punto son, todas ellas, historias diferentes. Le guste o no, Pablo Llarena Conde se encuentra en el centro de esta.
