Cándido Conde-Pumpido intervino el pasado miércoles en un foro de La Vanguardia en Barcelona con la seguridad de quien ya conoce las respuestas. Elige cada palabra con esmero; no improvisa. Es más, los asistentes fueron plenamente conscientes de que su afirmación —según la cual derogar la ley de amnistía sería un acto meramente «simbólico» y sin impacto real— constituía, en realidad, una advertencia jurídica disfrazada de disertación.
Desde hace meses, el presidente del Tribunal Constitucional se encuentra en el epicentro de una de las polémicas más encendidas en la historia del sistema jurídico español. Tras el aval del Pleno del Tribunal Constitucional, el 6 de octubre de 2026, a una amnistía integral para el procés —que incluye los delitos de malversación—, Conde-Pumpido ya no elude las preguntas.
Expresa sus opiniones, pero con suma cautela, consciente de que cualquier declaración suya se convertirá, inevitablemente, en noticia. El argumento de que la responsabilidad penal, una vez extinguida, «no puede volver a la vida» es el que ha cobrado mayor peso últimamente; según sostiene, jurídicamente es algo inviable.
Esto implica que Carles Puigdemont no volvería a ser un prófugo de la justicia, ni siquiera en el supuesto de que el PP y Vox ganaran las elecciones del 29 de noviembre y derogaran la ley. Desde un punto de vista técnico, la causa penal relacionada con el procés —que durante años dividió a la opinión pública en Cataluña y en el resto de España— quedaría cerrada. Conde-Pumpido presenta este desenlace como una consecuencia jurídica inevitable, más que como una victoria política. Habla en términos estrictamente legales, pero el resultado conlleva un peso político considerable; de ahí parte de la tensión que suscita.
Ahora, la última palabra sobre estas cuestiones recae en el Tribunal Supremo. Corresponde al juez Pablo Llarena extender la aplicación de la amnistía a los demás afectados. Conde-Pumpido señala que no existen plazos legales que obliguen al Supremo a pronunciarse, aunque estima que podría hacerlo «antes de Navidad».
En Barcelona, comentó: «Cada tribunal tiene su propio ritmo». Y añadió: «No soy un profeta; soy un magistrado», una afirmación que suena casi a confesión. Es un comentario que resulta apropiado en un contexto público, pero que también revela cómo percibe él mismo su propio papel en todo este asunto.
Entretanto, ha sido una semana difícil para él. Tras la aprobación de la amnistía por parte del tribunal, la asociación Acteoir presentó una querella ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo contra Conde-Pumpido y otros seis magistrados progresistas del Tribunal Constitucional, acusándolos de prevaricación. La querella fue interpuesta el 7 de octubre. Lejos de mostrar alarma públicamente, él ha reafirmado la independencia del tribunal. Quizás considere esto como parte del «ruido» que siempre acompaña a una decisión de tal envergadura, o tal vez sea simplemente la actitud de alguien que ya preveía que esto ocurriría.
La llamada «ley de nietos» y la situación de 163.000 votos —actualmente en un limbo jurídico debido a una intervención del Tribunal Supremo previa al 29 de noviembre— constituyen otra cuestión que, por el momento, no entra dentro de su competencia. En el foro de La Vanguardia, Conde-Pumpido dejó claro que la competencia sobre este asunto recae exclusivamente en el Tribunal Supremo y en la administración electoral. No hay margen procesal para que el Tribunal Constitucional intervenga, y, además, la cuestión de la legitimación constituye un obstáculo importante. Se observa una clara distancia estratégica: no ha abierto ningún frente y tampoco parece tener intención de hacerlo.
Al analizar todo esto, resulta difícil pasar por alto la posición singular que ocupa. Durante un gobierno del Partido Popular (PP), Cándido Conde-Pumpido ejerció como Fiscal General del Estado. Actualmente, preside un Tribunal Constitucional que, a ojos de la derecha política, mantiene una cercanía excesiva con el actual poder ejecutivo. Él, por su parte, defiende con firmeza la independencia del tribunal y no parece albergar duda alguna al respecto. No obstante, nada indica que el clima político que rodea a cada resolución del Tribunal Constitucional vaya a apaciguarse a corto plazo. A falta de unos cuarenta días para las elecciones, el término «amnistía» sigue siendo un tema candente.
