Tras toda una vida de servicio, algunas personas abandonan los tribunales sin que nadie se percate realmente. Luego están aquellas que, justo antes de marcharse, pronuncian palabras que obligan a todos a detenerse y escuchar. Es evidente que Cándido Conde-Pumpido, presidente del Tribunal Constitucional, pertenece a este último grupo.
Conde-Pumpido, de 77 años y cuyo mandato ya ha concluido, redactó la resolución que zanja una de las disputas jurídicas más polémicas de la historia reciente de España: si la ley de amnistía aprobada por el Parlamento abarca los cargos de malversación contra los líderes del procés. Por siete votos a favor y cinco en contra, el Tribunal Constitucional respondió afirmativamente. Esta decisión obligaba al Tribunal Supremo a perdonar dicho delito de malversación; es decir, a dejarlo sin efecto.
Cabe destacar que la decisión, además de resolver una cuestión técnica, revela rasgos de la personalidad de Conde-Pumpido. Nacido en A Coruña en 1949 y licenciado en Derecho y Economía por la Universidad de Santiago de Compostela, ejerció como magistrado en la Audiencia Provincial de Guipúzcoa durante la etapa más cruenta de los atentados de ETA. Resulta fácil imaginar la huella que dejaron en él aquellos años: la convicción de que el Estado de derecho debe defenderse caso a caso, a menudo en situaciones de gran complejidad.
Conde-Pumpido se mostró tajante en una entrevista publicada este domingo por El País: «Quien cuestiona al Tribunal Constitucional, cuestiona la Constitución; y quien cuestiona la Constitución, cuestiona la democracia». Tales palabras podrían sonar arrogantes en boca de otra persona, pero adquieren un peso distinto viniendo de él. Son el fruto de toda una vida de trabajo, no una mera pose.
Conde-Pumpido adopta una postura matizada respecto al lawfare —la acusación de que se utiliza a los jueces como armas políticas—, un enfoque que quizá resulte más incómodo que una negación rotunda. Aunque sostiene que en España no existe el lawfare, reconoce la existencia de un «problema de arquitectura procesal» propio del país. Aclara que, en realidad, cualquier disputa política puede derivar casi de inmediato en un procedimiento penal, impulsado por grupos cuyo único objetivo es precisamente ese. Él continúa: «La presunción de inocencia no está protegida adecuadamente».
Para quienes llevan tiempo sosteniendo que el sistema es eficaz, este es un mensaje difícil de asimilar. Probablemente esta sea la causa principal de la polémica en torno a Conde-Pumpido: además de resolver la cuestión de la amnistía, señaló una debilidad estructural del sistema jurídico español.
Él evita el conflicto directo en lo que respecta a su relación con el Tribunal Supremo. «Actuamos con absoluto respeto», afirma. No obstante, también aclara que el Tribunal Constitucional tiene la última palabra en materia de derechos fundamentales. Los cinco magistrados discrepantes cuestionaron esta jerarquía —que en teoría todos reconocían— y acusaron a la mayoría de usurpar competencias que no le correspondían.
En todo esto, hay algo que no se puede pasar por alto: Conde-Pumpido parece haber llegado al final de su mandato y no necesita, en realidad, caer bien. Eso es algo de gran relevancia en el sistema jurídico español.
