Hay cosas difíciles de explicar sin sentirse incómodo. Afirmar públicamente que la vivienda debería ser «un derecho, no un negocio», mientras tu pareja posee una empresa que ha llevado a cabo desahucios y alquila al menos treinta apartamentos, es un ejemplo de ello. Montse Mínguez, portavoz nacional del PSOE, se encuentra precisamente en esta situación, después de que el martes salieran a la luz las actividades empresariales de su pareja, Sergi Velez Viola.
«Velez no es el típico empresario». Nacido en Cataluña, en 2017 asumió la dirección de un holding familiar que su padre había consolidado a lo largo de muchos años. Desde entonces, ha ampliado considerablemente este conglomerado, que incluye dos entidades registradas en Panamá —parte de la estructura corporativa familiar— y opera en España a través de Nest Capital Homes, una firma que gestiona al menos treinta inmuebles en alquiler en Cataluña. El grupo ha desarrollado proyectos en países como Polonia, Brasil y Argentina, lo que revela un alcance organizativo que trasciende con creces el de un negocio local convencional.
Lo incómodo de la situación no es la actividad empresarial en sí —que, como ha señalado la propia Mínguez, se desarrolla dentro de la legalidad—, sino el marcado contraste entre dicho negocio y la postura política que ella ha defendido en el Congreso. Pocos días antes de que estallara la polémica, Mínguez compartió en redes sociales el lema: «Vota con V de vivienda».
Durante un debate parlamentario el 2 de octubre, planteó la cuestión como una elección entre las familias y los «fondos buitre». Nest Capital cumple con los criterios de la Ley de Vivienda para ser considerada un «gran tenedor», precisamente el tipo de propietario que el PSOE ha señalado reiteradamente como parte del problema de la vivienda.
En cierto modo, la reacción de Mínguez ante las cámaras era previsible. Aseguró no tener «nada que ocultar», calificó las informaciones de «ataque» y aludió a su trayectoria de voto en el Congreso como prueba de sus convicciones. Además, afirmó que si un inquilino no paga, «es desahuciado»; una declaración que contrasta notablemente con sus propias palabras anteriores, cuando escribió —refiriéndose a un dirigente del Partido Popular (PP)— que «cada desahucio llevará tu nombre». Por decirlo suavemente, este cambio en el discurso no ha pasado desapercibido.
Sin embargo, un detalle que salió a la luz en 2017 es, quizás, lo que más ha complicado la historia. Ese año, Mínguez presidía la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Lérida. Bajo su dirección, dicho órgano aprobó una modificación del plan urbanístico del sector Ciutat Jardí. A través de la empresa Nest Capital, Velez construyó la promoción «Botànic» —compuesta por dúplex, áticos y piscinas privadas— en uno de los terrenos afectados por este cambio de calificación urbanística. Estas lujosas residencias se encuentran en uno de los barrios más cotizados de la ciudad. Es posible que todo esto sea una mera coincidencia, pero resulta comprensible que muchos duden de ello a falta de más información.
Este asunto ha brindado al Partido Popular (PP) un argumento claro de cara a las elecciones del 29 de noviembre. «Este caso va mucho más allá de otros episodios de presunta especulación inmobiliaria conocidos anteriormente», señaló el alcalde de Madrid. El nombre de la empresa, «Nest» —que significa «nido»—, fue otro motivo de crítica por parte de los miembros del PP. Con un toque de ironía, Cayetana Álvarez de Toledo comentó: «Un nido de buitres, por supuesto». La portavoz parlamentaria del PP dio un giro peculiar al lema sobre vivienda del Partido Socialista: «Con “V” de vivienda… y “V” de buitres».
En el fondo, esta historia trasciende la mera disputa política coyuntural. Plantea una interrogante fundamental: ¿cómo puede un partido mantener una postura tan firme en materia de vivienda cuando quienes promueven ese discurso tienen vínculos, directos o indirectos, con el mismo sector que critican? La respuesta dependerá, en gran medida, de a quién se le pregunte. Sin embargo, resulta difícil ignorar el malestar que provoca este contraste y, a la hora de tomar una decisión, el electorado suele tenerlo en cuenta.
