Isabel Díaz Ayuso entre dos frentes: la investigación judicial a su pareja y las elecciones del 29N

Resulta especialmente llamativa la aparición de Isabel Díaz Ayuso en un mitin preelectoral del PP en IFEMA el mismo día en que un tribunal de Madrid amplió la investigación sobre su pareja, Alberto González Amador. Sus seguidores consideran una virtud que sea capaz de seguir adelante sin mostrar signos evidentes de tensión. Sus detractores lo ven como un indicio de que algo va mal. Probablemente se trate de una combinación de ambas cosas.

Ayuso, que lleva al frente de la Comunidad de Madrid desde 2019, cumplió 48 años el 17 de octubre. Durante este tiempo, ha desarrollado un perfil político que pocas figuras del PP han logrado alcanzar: cuenta con más de un millón de seguidores en Instagram, es muy conocida fuera de su propio partido y se resume en una frase más poderosa que cualquier cartel de campaña: «Libertad, y luego todo lo demás». Funciona porque es directo sin resultar vacío. Nos guste o no, el sistema sanitario público-privado de Madrid y los impuestos más bajos sirven como ejemplo real de ese concepto.

La situación en torno a González Amador no goza de buena reputación, al menos ante los tribunales. La Unidad Central de Operaciones (UCO) de la Guardia Civil recibió recientemente la orden de la Audiencia Provincial de Madrid de acceder a los registros de la Seguridad Social y fiscales del empresario, además de a los datos de transacciones bancarias que ya se les había permitido examinar. La investigación pretende determinar si la compra de Cádculo de Belleza por casi 500 000 euros en diciembre de 2020 fue en realidad el pago de una comisión a un ejecutivo vinculado a Quirón Prevención, una empresa con la que González Amador mantenía relaciones comerciales. Estas transacciones se remontan a la pandemia, cuando el comercio de material sanitario requería grandes sumas de dinero para actuar con rapidez. Estas medidas judiciales amplían considerablemente el alcance de la investigación, aunque no implican una condena ni prueban que se haya cometido ningún delito.

En cuanto a la decisión del tribunal, Ayuso ha guardado silencio. Mantener una distancia formal entre su vida personal y su función institucional es otra estrategia que emplea habitualmente. La presidenta sigue marcando la agenda, por lo que, en cierto modo, funciona. En su tercer viaje a España este año, recibió esta semana al presidente argentino Javier Milei en la Real Casa de Correos. Milei no tenía programada ninguna reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero sí impartió conferencias, se reunió con la Fundación Disenso y visitó a Ayuso en la Puerta del Sol. Este gesto —ver a ambas juntas en la sede del Gobierno regional de Madrid mientras el presidente del Gobierno se encontraba en otro lugar— dice mucho de sus respectivas filosofías políticas y de cómo esos puntos de vista están adquiriendo cada vez más notoriedad a nivel mundial.

Mientras tanto, desde hace semanas hay un campamento instalado frente a la Puerta del Sol. Según Ayuso, está pensando en trasladar su oficina temporalmente. Es obvio que la presidenta de la Comunidad de Madrid no habría querido abandonar el centro de su propio bastión debido a una protesta en curso a las puertas de su sede. La polémica en torno a la compra de un ático para ampliar la sede del Gobierno, cuyo objetivo y coste han sido objeto de debate público durante semanas, complica aún más las cosas.

Es difícil ignorar el hecho de que Ayuso y su círculo más cercano se enfrentan actualmente a más frentes abiertos que en cualquier otro momento de su presidencia. Desempeñará un papel importante en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre, no como candidata en las papeletas, sino a través del aparato de comunicación del Partido Popular (PP), donde tiene una enorme influencia. Ayuso es la clave si Feijóo necesita Madrid para organizar los votos. Aún no está claro cuánto margen le dará el «caso González Amador» para ejercer cómodamente esa influencia.