El anuncio se hizo el 12 de octubre, Día de los Hispanos, una fecha que sigue suscitando debate sobre la importancia de la ascendencia española en muchos países latinoamericanos. El Tribunal Supremo español confirmó la suspensión del derecho al voto de las personas que obtuvieron la ciudadanía en virtud de la denominada «ley de los nietos». Es difícil pasar por alto la coincidencia temporal.
La «ley de los nietos» es, en realidad, la Disposición Adicional Octava de la Ley 20/2022, de Memoria Democrática, aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez. Otorga a los descendientes de los exiliados españoles —aquellos que huyeron del régimen de Franco o perdieron su ciudadanía por motivos políticos— la oportunidad de recuperar lo que, en muchos aspectos, siempre fue suyo. Se trata de los hijos y descendientes de personas que abandonaron España con poco más que sus recuerdos y sus apellidos. Es probable que muchos de ellos no fueran conscientes de lo difícil que resultaría obtener el reconocimiento legal.
Tabla informativa
| Campo | Detalle |
|---|---|
| Nombre común | Ley de nietos |
| Nombre oficial | Disposición adicional octava de la Ley 20/2022 de Memoria Democrática |
| País | España |
| Año de aprobación | 2022 |
| Beneficiarios principales | Descendientes de exiliados españoles (hijos y nietos) |
| Condición para aplicar | Tener padre, madre, abuelo o abuela de nacionalidad española que la perdió por exilio o razones políticas |
| Plazo de solicitudes | Cerrado el 22 de octubre de 2025 |
| Decisión del Tribunal Supremo | Suspensión del derecho a voto para el 29-N (mantenida el 12 de octubre de 2026) |
| Personas afectadas por la suspensión | Aproximadamente 163.000 a nivel global |
| País con mayor número de solicitudes | Argentina (consulado de Buenos Aires: casi 650.000 solicitudes) |
| Solicitudes en México | Cerca de 100.000 |
| Elecciones afectadas | Elecciones Generales del 29 de noviembre de 2026 |
| Posición del Gobierno español | Considera la suspensión un “atropello”; estudia recurrir al Tribunal Constitucional |
| Partidos que impugnaron la ley | PP y Vox |
| Distinción destacada | Los nacionalizados por la ley que residen en España sí pueden votar; los residentes en el extranjero, no |
La reacción no se hizo esperar en Buenos Aires, donde residen más de 500 000 españoles o personas de ascendencia española. Juan Manuel de Hoz, miembro destacado del Centro de Descendientes de Españoles Unidos, calificó la resolución de «imposible de rectificar desde un punto de vista burocrático». Al menos en una cosa tiene razón: no hay una forma fácil para que los consulados distingan entre las personas que obtuvieron la ciudadanía mediante la «ley de los nietos» y las que no. No se pretendía hacer tal distinción en el Censo de Españoles Residentes en el Extranjero. En ese sentido, parece que la directiva del Tribunal Supremo se emitió antes de que nadie hubiera pensado en cómo llevarla a cabo.
Curiosamente, las personas que viven en España pero a las que se les concedió la ciudadanía en virtud de la misma ley sí podrán votar el 29 de noviembre. Es comprensible que esta distinción genere inquietud. Estamos hablando de ciudadanos que, dependiendo de dónde residan, tienen derechos diferentes a pesar de haber cumplido los mismos requisitos y haber seguido los mismos trámites. Eso resulta, en cierto modo, peculiar. No es del todo coherente con el concepto de ciudadanía.
Durante el tiempo que estuvo en vigor la ley, el consulado general en México recibió cerca de 100 000 solicitudes. Todavía no hay una respuesta pública a las preguntas de cuántas fueron aprobadas y cuántas de ellas se encuentran entre las 163 000 personas afectadas a nivel mundial. En julio, María Fernanda Sánchez-Armún, que obtuvo la ciudadanía a mediados de este año, declaró que no votaría mientras permaneciera en México. Otros, sin embargo, consideraron que esta medida iba más allá de una mera cuestión de procedimiento y querían votar. Por ejemplo, Felipe Gómez ya había iniciado el proceso para obtener su derecho al voto. A él le preocupa que no se le trate como a un ciudadano de segunda clase, no la política española.
El Gobierno de Sánchez calificó la sentencia del Tribunal Supremo de «indignante». Los partidos que habían impugnado la ley ante los tribunales, el PP y Vox, se mostraron claramente satisfechos con la decisión. Sería ingenuo negar que todo esto tiene un componente político. Sin embargo, hay personas que están al margen de los partidos políticos. Los 8 000 nuevos residentes españoles en Buenos Aires habrían tenido derecho a votar si el sistema del censo hubiera funcionado de otra manera. Los consulados se apresuran a cumplir una orden que muchos consideran imposible de llevar a cabo antes del 29 de noviembre.
«Nos hace sentir despreciados», afirmó Antonia Álvarez, una comerciante de 43 años que estaba a punto de obtener la ciudadanía cuando el Tribunal Supremo anunció la suspensión inicial en septiembre. Esas palabras no son exageradas. Reflejan el sencillo razonamiento de alguien que esperó años por un documento que reconociera algo que ya consideraba suyo, solo para enfrentarse de repente a la posibilidad de que dicho reconocimiento pudiera tener condiciones.
Cuando se propuso por primera vez, la «Ley de los Nietos» fue un gesto de bondad hacia las personas que habían sido excluidas por el régimen franquista. Lo que ocurra ahora en los tribunales y consulados nos dirá mucho sobre la sinceridad de ese gesto.
